El gobierno militarizado suele ponerse en la antípoda de la democracia civil. La razón es de carácter fundacional en cada régimen; es decir, depende del órgano o de la institución en la que efectivamente reside el poder.
Así, en la democracia representativa, el poder del estado se materializa en instituciones sujetas a la ciudadanía por la vía electoral, por los mecanismos de fiscalización y transparencia públicas, por el plebiscito o el referéndum, por la alternancia o la pluralidad partidista, y por el peso político de las organizaciones civiles.
Por otro lado, en el gobierno militarizado, el poder está sujeto únicamente al órgano que represente al estado que, en el caso de los sistemas presidenciales, recae en la figura unipersonal del ejecutivo, quien es –a la vez- jefe de estado, jefe de gobierno, y comandante supremo de las fuerzas armadas.
La transición de un régimen a otro puede ser súbita o gradual. Por ejemplo, en el caso mexicano, el poder del ejecutivo ha aumentado en menos de dos años el ámbito de acción de los militares, relegando a las esferas civiles de la operación del gobierno.
De este modo, las fuerzas armadas han ocupado encargos como la administración de puertos y aduanas; los ambiciosos proyectos de construcción de obra que impulsa el presidente; la seguridad pública y la prevención del delito; la contención migratoria; y han aumentado su presencia en la atención de la contingencia sanitaria.
Cuando las fuerzas armadas comienzan a ser un tema de política doméstica, las repúblicas civiles y democráticas peligran. Esto no es una opinión, sino un hecho cotejable en la historia de cualquier país que haya pasado de la democracia a la autocracia, y de ahí al totalitarismo. Estamos a tiempo de preverlo.
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