Considerada una de las problemáticas sociales más graves de la actualidad, la violencia institucional es aquella que es ejercida desde el Estado y sus diferentes áreas contra sectores de la población. En toda sociedad es importante que se desarrollen sistemas de control a este tipo de violencia para evitar que se enquiste en el poder y se convierta en una práctica permitida o normalizada. Desde las instituciones públicas se pueden violentar derechos, usar recursos públicos contra la gente, negar servicios públicos, maltratar con la negligencia, la falta de soluciones, la indiferencia o incluso también el mismo maltrato cuando una persona se presenta a reclamar por sus derechos.
Básicamente la violencia institucional existe porque todavía persiste la idea de la “clase política” y sobreviven los vestigios de Estados represores que sobreviven gracias a la desigualdad que impulsan. Además de recurrir a la violencia para mantener el control y, por tanto, el poder. No por nada, la frase “Más ciudadanía y menos gobierno” hace referencia precisamente a esta urgente necesidad de revisar y replantear las funciones del servicio público y de la representación política en nuestro país. Es vital que existan organizaciones no gubernamentales y asociaciones que se conviertan en contra peso frente al ilimitado poder del Estado.
Un ejemplo de mecanismos de regulación ciudadana de las funciones del Estado y la política fue la creación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La llamada Ley 3de3. En donde se establece la obligación de todos los funcionarios públicos de hacer públicas tres declaraciones: declaración patrimonial, de intereses y fiscal. Además, define reglas claras de conducta para los servidores públicos y actores privados, así como sanciones para los corruptos. Otra importante iniciativa que, decididamente busca poner un alto a la violencia institucional, no tanto regularla, es la llamada 3 DE 3 contra la violencia hacia las mujeres. Y es que un Estado que ha propiciado diversos recortes presupuestarios para la eliminación de la violencia de género, que cuestiona los testimonios de las víctimas, que ofrece información inadecuada, presupone que las denuncias son falsas y donde hay falta de voluntad política, es un Gobierno que falla en la atención y protección frente al maltrato machista o bien, que lo tiene dentro de sus filas de manera encubierta.
Por tal motivo, La 3 DE 3 contra las mujeres busca que además de que un funcionario o un político compruebe no ser corrupto, deba comprobar congruencia y ética ciudadana al no ser deudor de pensión alimenticia, acosador sexual y/o agresor. Como lo menciona Yndira Sandoval de la organización “Las Constituyentes feministas”, esta iniciativa busca “poner un alto a la violencia institucional en contra de las mujeres en un país donde 7 de cada 10sufre violencia de algún tipo y cuyas denuncias son casi nulas por falta de confianza en las instituciones de justicia, lo que provoca impunidad”.
Me sumo al llamado urgente que hemos hecho varias organizaciones para que se asuma con visión política la prevención de la violencia en Aguascalientes y que la violencia contra las mujeres sea considerada un asunto de Estado. Si no ahora, cuándo.
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