Hace tan sólo tres meses, en diciembre de 2019, el Gobierno del Estado asestó un golpe muy fuerte a la economía familiar: en plenas vacaciones por navidad, autorizó el incremento de la tarifa del camión urbano.
Esa medida fue ilegal, pues el artículo 144 de la Ley de Movilidad establece que los incrementos a las tarifas se pueden publicar a más tardar el último día de marzo. A pesar de ello, faltaban unos días para que terminara el año, por lo que un amparo hubiera resultado inútil.
Para entonces la duda quedaba en porqué el gobierno había emprendido una medida ilegal, ¿había sido un simple error o implicaba que en marzo de este año subirían nuevamente la tarifa?
En ese entonces el Gobierno anunció que durante este año ya no incrementaría la tarifa del y se dispuso, al menos en palabras, a cumplir POR FIN con las tarifas preferenciales para adultos mayores y personas con discapacidad en el camión y combi, así como hacerlas válidas a los estudiantes que usan combi.
Estos anuncios de alguna manera calmaron los ánimos en una población que estaba enfocada en las fiestas decembrinas y recibimos el año nuevo con una tarifa del camión en 9.50.
Apenas 13 semanas duró el compromiso de Gobierno del Estado, pues en la última sesión del Consejo Consultivo del Transporte ha presentado un “diagnóstico” a modo de los concesionarios a fin de incrementar nuevamente la tarifa del Transporte, justificando una probable tarifa de $11.50.
Mientras vivimos un estancamiento económico y el ingreso familiar continúa sin mejorar, el transporte público está en proceso de modernización que no termina de concretarse, con profundas fallas en el servicio y obstáculos gubernamentales para gozar de los descuentos que la ley da a las personas vulneradas.
En este escenario, y aprovechando que la población está ocupada en la contingencia ambiental del COVID-19, el ejecutivo estatal está preparando un nuevo golpe a la economía familiar, privilegiando el interés de unos cuantos accionistas por encima de la movilidad de cientos de miles de personas.
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