HABLEMOS CLARO: La corrupción es un tema explotado políticamente de manera recurrente desde los tiempos del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado y que en la pasada elección federal llevó a un candidato a la Presidencia de la Republica, con la promesa hasta ahora incumplida de adoptar medidas drásticas con el fin de abatir la impunidad campante y cínica de malos servidores públicos.
Con el surgimiento del Sistema Nacional Anticorrupción en 2016 y sus consecuentes pares en los Estados, se abrió la puerta a los ciudadanos para que participaran activamente dentro del Sistema, formando el Comité de Participación Ciudadana, para lo cual se modificaron y crearon las Leyes Estatales para la construcción del edificio en el que se instalaría el laboratorio de creación de políticas públicas contra el flagelo de la corrupción.
El camino no ha sido fácil ni despejado, por el contrario, el sistema ha enfrentado diversos contratiempos y desencuentros en sus primeros pasos, sin embargo, en el primer año de los sistemas, se pudo manifestar que ya estaba de pie y caminando sólidamente hacia el objetivo común; acabar con la corrupción y con la impunidad, mediante su consolidación institucional, y con el establecimiento de acciones concretas para definir el rumbo del Comité de Participación Ciudadana, mediante la elaboración de una agenda de trabajo, que contemplara la participación activa de los ciudadanos, sin embargo a partir del segundo año, todos los sistemas se han enmohecido y difícilmente se aprecia avance alguno en los veintisiete existentes en el país.
La complejidad de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción en cada Estado, al crear un sistema de sistemas, con innumerables acciones a desarrollar sin que se precise con claridad que debe de hacerse; constituye el gran problema de la anticorrupción, al no existir literatura sobre el tema, y el silencioso y evidente alejamiento de la Secretaria Ejecutiva de constituirse en el proveedor de insumos para el sistema, aunado al poco entendimiento de la estructura formada por cinco ciudadanos que conforman el Comité de Participación Ciudadana, los que a la fecha han desaparecido por completo, ignorándose cualquier actividad relacionada con ellos.
Por otra parte, la participación ciudadana en el Comité Coordinador que constituye el Órgano Rector del Sistema; así como en la Junta de Gobierno del Sistema, aun y cuando en ambas figuras aparece como Presidente, en la vida práctica resulta de lo más complicado y desbalanceado al compartir las decisiones con las llamadas otras seis sillas, ocupadas por un representante del Consejo de la Judicatura; por el Fiscal Especializado en combate a la corrupción; por el Contralor del Estado; por un representante del Instituto Estatal de Transparencia; por un representante de la Sala Administrativa del Poder Judicial; y por el titular del Órgano Superior de Fiscalización; esto es, la captura total del sistema nacido de una iniciativa ciudadana, pero que, al ser integrada en su mayoría por servidores públicos, hace imposible que prospere una iniciativa ciudadana ya que depende en gran medida de la línea política del Estado. Del Congreso del Estado, al ser considerado por la opinión pública como la peor Legislatura en la historia de Aguascalientes, esperar su participación en el tema anticorrupción resulta una utopía, el más claro ejemplo lo es la elección del Auditor Superior del Estado.
Los resultados del Sistema Estatal Anticorrupción hasta el momento son absolutamente nulos en el Estado de Aguascalientes, la multifactorización del problema es tan grande como la complejidad de la ley y la falta de compromiso de las instancias de gobierno participantes es muy evidente; aún se encuentra pendiente la instalación del sistema de Fiscalización; por lo que solo nos queda el seguir insistiendo en la participación ciudadana, en la denuncia responsable, en la generación de solicitudes de transparencia; en la exigencia de que la autoridad rinda cuentas; en la supervisión de la obra pública; en la participación activa en la revisión de la legislación para licitaciones y adjudicaciones de contratos; en la formación de investigadores ciudadanos con sensibilidad periodística. En realidad, construir un gran Big Brother, en el que nos cuidemos todos de todos; al estilo del suegro desconfiado; “Todos con las manos arriba de la mesa y aplaudiendo”.
No podemos esperar a cortar de tajo la raíz del problema, pero si, debemos comenzar a sancionar ejemplarmente a los infractores y sobre todo; recuperar los dineros públicos; solo así, recuperaremos la confianza ciudadana en las instituciones, sin embargo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción quien es el ariete del sistema, ha carecido de contundencia legal para la integración de las carpetas de investigación y los pocos servidores públicos que han llegado a la silla de acusados ante el Juez de Control, han salido bien librados, constituyéndose la Fiscalía en el talón de Aquiles del sistema anticorrupción, y con ello, provocando un gran desencanto ciudadano.
HABLEMOS CLARO; 2021, es un año electoral y seguramente se utilizará el tema de anticorrupción como la gran promesa para cambiar o consolidar dirán otros, a las instituciones de gobierno, solo espero, que después del COVID19 no solo la nueva realidad de vida nos haya cambiado, sino que también cambien las formas de administrar los dineros públicos y exista honradez, integridad, una real transparencia y rendición de cuentas que aplane definitivamente la curva de la impunidad.
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