Poco se habla de un tema que es fundamental en el desarrollo de las y los niños que dependen para su subsistencia, de los padres.
Si bien, el número de divorcios disminuyó en 62% durante el primer semestre, al pasar de 1,374 en 2019 a 856 este año, la cantidad de demandas de pensiones alimentarias ha ido creciendo en los últimos cinco años.
Cifras de la Fiscalía General del Estado señalan que, en los últimos cinco años, se presentaron un total de 710 demandas contra deudores alimentarios, de las cuales, el 30% correspondieron, solo al año pasado y lo que va del 2020, lo que pone en evidencia la necesidad de legislar para evitar que cada vez más niñas y niños no queden en el desamparo.
El problema es más complejo porque, el fenómeno de los deudores alimentarios enfrenta retos para que las sentencias emitidas por jueces se cumplan.
La forma en cómo los deudores alimentarios evaden su responsabilidad, aún habiendo una sentencia de por medio que les obliga a cumplir con su deber, tiene que ver con un falso registro salarial o el declararse sin empleo o actividad productiva que les reditué en ingresos.
Ante esta realidad, presente una iniciativa muy interesante que tiene que ver con reformar el artículo 333 del código penal para que, los datos de prueba que el juez valore, sean con base a los egresos y no solo a los ingresos del deudor alimentario.
Cuando he platicado con madres que se enfrentan a la muy difícil tarea de mantener a sus hijos solas, me dicen que los padres de los menores sí cuentan con ingresos suficientes, sin embargo le presentan al juez pruebas que simulan no contar con ingresos suficientes, lo que da como resultado es que las pensiones que se fijan, no correspondan a la realidad.
Esta reforma se propone, da mayor fuerza a la ley a fin de que sea aún más difícil evadir las obligaciones argumentando la carencia de un trabajo remunerado o algún estado de insolvencia que alegue el deudor como causa de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones de alimentos para sus hijos, sea el padre o la madre.
Si hablamos de la búsqueda de elevar la calidad de vida de quienes vivimos en Aguascalientes, no solo hablemos de empleos mejor remunerados, de una mejor educación, y de salud de calidad, que sin duda son fundamentales; hablemos también de una mejor calidad de vida de nuestras niñas y niños, asegurándoles los recursos para una adecuada manutención, pues no podemos hablar de bienestar mientras los más pequeños y vulnerables, no cuenten con lo mínimo para subsistir.
Soy Paloma Amézquita, tu diputada.
Hasta la próxima.
Comentários