La historia documenta como el primer linchamiento que se dio en el país, el de Arnulfo Arroyo. Un personaje que en estado de ebriedad, se atrevió a empujar por la espalda al presidente Porfirio Díaz, durante los festejos de Independencia en 1897, en el zócalo de la Ciudad de México. Argumentaron que fue un ataque aunque no iba armado, pero al ser recluido en la comisaría, dicen que fue el mismo pueblo quien se presentó para asesinarlo a puñaladas.
Los hechos relacionados con hacer justicia por propia mano, han mostrado un inusual crecimiento en la última década. Entre los años 2015 y 2016 aumentó un 37 por ciento y, entre el 2017 y el 2018 fue del 190 por ciento. Seguramente entre el 2019 y 2020 se habrán superado esos indicadores.
En el Artículo 17 de la Constitución Política Mexicana se establece que “nadie puede hacer justicia por su propio medio”. Es así, que corresponde al Estado garantizar el orden y la paz pública, y que las instituciones competentes hagan efectiva la impartición de la justicia de manera imparcial.
Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Los nuevos tiempos de la nación se distinguen por una percepción ciudadana de inseguridad, de inoperancia de los órganos que tienen que ver con la aplicación efectiva de las leyes y una predominante impunidad.
Debemos reconocer que hay un creciente hartazgo ciudadano al sentirse indefenso ante la delincuencia e ignorado por la justicia. Lo refleja también en los comentarios complacientes cuando las redes sociales dan cuenta de algún linchamiento.
Se dice además que México padece un proceso de desgaste institucional y con un crecimiento en la violencia social y también política.
Esto último es un punto que cobra de relevancia, sobre todo en estos tiempos de la alternancia y la intensa competencia electoral. En la prevalencia del Estado de Derecho y la paz, se debe proponer y corregir, pero también medir objetivamente la ineficiencia o eficacia del Estado en la seguridad pública y su capacidad para impartir de justicia.
En este tiempo, el descontento de la sociedad crece, sobre todo al ver que la Cuarta Transformación seduce a los delincuentes con abrazos así como con el perdón y olvido. O los resguarda en hospitales de lujo y los esconde bajo el amparo de testigos protegidos.
De acuerdo a la Encuesta de Percepción sobre Seguridad Ciudadana y Convivencia Vecinal, más del 70 por ciento de las personas consultadas avalan los golpes a quien sea sorprendido en un acto delictivo. El 58 por ciento considera específicamente que se lo merece.
Se cuenta al robo como la principal causa de linchamientos seguido del secuestro. Pero recientemente hemos visto cómo incluso comunidades en otros estados, sus pobladores arremeten contra quienes sanitizan sus calles, al suponer que esparcen el coronavirus.
Lamentablemente la red social también ha aportado al enojo social y a incitar a las personas a reaccionar violentamente, más cuando de manera grupal creen tener mayor validez sus actos.
Hay diferentes números en cuanto a los linchamientos presentados en el país. En Aguascalientes la Comisión Nacional de Derechos Humanos refiere 4 en los últimos cinco años. Sin embargo son múltiples los actos en los que las personas han hecho uso de la violencia para hacer justicia por su propia mano. Esas prácticas definitivamente no deben tampoco ser equiparables a un castigo o sanción.
Constitucionalmente y en las leyes de cada estado está bien establecido que la justicia por propia mano es ilegal. Constituye una violación a los derechos humanos.
Las sanciones para quienes delinquen se han endurecido en el transcurso del tiempo; se han probado nuevos esquemas de justicia y seguimos hablando de la reincidencia y la impunidad. Es decir, pareciera que eso no ha obtenido lo esperado en la reducción de la delincuencia común.
Decía el filósofo argelino Albert Camus que “si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”.
¡Hasta la próxima!
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